El presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó en secreto una directiva para que el Pentágono pueda usar a las fuerzas armadas en el combate a cárteles, considerados como organizaciones terroristas por Washington.

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La medida tiene lugar un día después de que la Casa Blanca informase que aumentaba la recompensa a 50 millones de dólares a quienes aporten información que contribuyan con la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien acusa, sin pruebas, de tener vínculos con el Tren de Aragua y el cártel de Sinaloa, ambas declaradas por Washington como “organizaciones terroristas”.

La orden secreta que filtró el diario estadounidense New York Times proporcionaría una base oficial para que se realicen operaciones militares directas en el mar y en suelo extranjero contra los cárteles, operaciones que resultan ilegales y son una violación flagrante a la soberanía nacional de los países donde piensan actuar.

Además, las normas estadounidenses señalan que debe ser el Congreso el que autoriza un despliegue de la fuerza en el exterior, en supuestos bélicos, por lo cual se ignora la cobertura legal de operaciones más puramente policiales como la de la desarticulación de un cartel o la detención de sus miembros.

Venezuela

En enero, el Departamento de Estado catalogó a varios cárteles como organizaciones terroristas extranjeras, incluyendo el extinto Tren de Aragua. En tanto, hace dos semanas, la administración Trump agregó al Cártel de los Soles, una organización cuya existencia no ha sido comprobada, a la lista de grupos terroristas globales, a la vez que señala al presidente venezolano, Nicolás Maduro, como líder de esa organización.

El ministro de Interior, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, refirió este jueves a la inexistencia de pruebas de la existencia de la presunta organización y consideró al Cartel de los Soles como un invento: “no sé cuántos años tienen que ellos inventaron eso y en ese tiempo ha tenido como 300 jefes, cada vez que alguien les molesta ellos lo ponen como jefe del Cartel de los Soles”.

Sin embargo, en base fuentes que tuvieron conocimiento del decreto secreto firmado por Trump, el el periódico estadounidense destaca como antecedente los señalamientos de Washington dirigidos hacia Maduro. Incluso subraya que el Ejército estadounidense ya ha realizado ejercicios conjuntos de entrenamiento antidrogas con otros países, pero “la nueva directiva de Trump parece prever un enfoque diferente, centrado en que las fuerzas estadounidenses capturen o maten directamente a personas involucradas”.

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Todo esto se da en momentos en que las autoridades de Venezuela se encuentran en alerta tras un frustrado intento de ataque terrorista en el centro de Caracas que, denuncian, estaría orquestado por Estados Unidos.

De hecho, las antes citadas declaraciones de Cabello tuvieron lugar durante el reporte de las acciones de las autoridades para evitar el ataque. Según detalló, fueron capturados un total de 13 personas que portaban un bolso con artefactos explosivos, teléfonos analógicos, tres kilos de TNT (explosivo), entre otros materiales estratégicos.

Este ataque dirigido contra un concurrido lugar de la zona céntrica de Caracas habría estado bajo la coordinación de la dirigente de extrema derecha, María Corina Machado, en articulación con funcionarios de Estados Unidos. Cabello señaló que el ataque se perpetraría en un lugar neurálgico para el transporte público de la ciudad y que podría tener por objetivo “una toma de gas”.

México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue cuestionada sobre esta medida de Trump durante su habitual conferencia de prensa, pero minimizó el impacto de la militarización del combate al narcotráfico en el país vecino. “No tiene que ver con el territorio mexicano, tiene que ver con su país, (sería) al interior de Estados Unidos”, afirmó en la rueda de prensa del viernes, descartando la posibilidad de que ingresen tropas de ese país en México.

Además, señaló que: “Estados Unidos no va a venir a México con los militares. Cooperamos, pero no van a venir. Eso está absolutamente descartado, lo hemos manifestado en todas las llamadas, no está permitido ni es parte de ningún acuerdo.” 

En cuanto al presunto vínculo de Nicolás Maduro con cárteles en territorio mexicano, la presidenta mexicana señaló que es la primera vez que escucha esta información y afirmó que no existe ninguna investigación activa ni pruebas en México respecto al tema.

Intervenciones anteriores

La historia de las intervenciones de Estados Unidos en América Latina y el Caribe, mediante el empleo de su Agencia Central de Inteligencia (CIA), otros servicios especiales y sus fuerzas armadas, tienen un largo historial en el continente.

Uno de los casos más emblemáticos fue en 1989, con la invasión a Panamá para capturar a Manuel Noriega, acusado de narcotráfico. Este caso fue condenado por la ONU como “una flagrante violación del derecho internacional”. De igual manera, Estados Unidos estuvo detrás del golpe de Estado en Chile en 1973, donde la CIA apoyó activamente el derrocamiento y muerte del presidente socialista Salvador Allende, instalando en su lugar la dictadura de Augusto Pinochet.

De manera similar, en 1954, la CIA orquestó el derrocamiento del presidente guatemalteco Jacobo Árbenz, quien impulsó reformas agrarias que afectaron los intereses de la United Fruit Company. En 1961, la administración de Eisenhower autorizó la invasión de Bahía de Cochinos en un fallido intento por derrocar a Fidel Castro, mientras que en la década de 1970 y 1980, la Operación Cóndor coordinó la represión y asesinatos de opositores políticos en toda la región, con el respaldo de Washington.

En años más recientes, Estados Unidos ha continuado su injerencia mediante golpes de Estado “blandos” y acciones desestabilizadoras. En 2009, el presidente hondureño Manuel Zelaya fue secuestrado y derrocado en un golpe apoyado por Washington, que inmediatamente reconoció al gobierno ilegítimo de Porfirio Lobo.

En 2012, Paraguay vivió un golpe parlamentario contra Fernando Lugo, y en 2016, Brasil sufrió la destitución ilegítima de Dilma Rousseff, ambos procesos con evidente respaldo estadounidense. Además, se han documentado intentos de magnicidio, como el atentado con drones contra Nicolás Maduro en 2018, así como múltiples esfuerzos por desestabilizar gobiernos progresistas en Venezuela, Bolivia y Ecuador mediante guerras económicas, sabotajes y promoción de violencia callejera. Estas acciones reflejan una continuidad en la política intervencionista de EE.UU. para imponer regímenes afines a sus intereses en la región.

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